Autora: Andrea Dotta Brenes, Magister en Derechos Humanos y Educación para la Paz, docente universitaria y coordinadora del Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social de AGECO.
Durante varios años, cientos de organizaciones que trabajan el tema de los derechos de las personas adultas mayores se organizaron en todo el continente latinoamericano para recolectar firmas, incidir y exigir a las autoridades de gobierno de cada país, la importancia de tener representación ante la Organización de Estados Americanos (OEA), para la redacción del texto de una Convención que promoviera, protegiera y garantizara los derechos humanos de las personas adultas mayores de la región.
La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) participó de forma activa en este proceso, llevando a los grupos organizados de personas adultas mayores en las comunidades la información sobre la importancia de contar con una convención, realizando foros de incidencia y recolectando miles de firmas en apoyo a la redacción de la misma para enviar al gobierno.
En el año 2015 llegó el hito histórico tan esperado, el primer instrumento normativo de carácter vinculante exclusivo para las personas mayores de América. Uruguay fue el primer país en ratificar el documento y Costa Rica el segundo. Este hecho fue muy importante pues gracias a la ratificación del gobierno costarricense de ese momento, fue que la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos humanos de las personas mayores entró en vigencia.
Actualmente hay 14 países que han ratificado la Convención: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Saint Kitts and Nevis (San Cristóbal y Nieves), Surinam y Uruguay. Faltan por ratificar 21 naciones como Estados Unidos de América, Panamá, Venezuela, Guatemala entre otros.
La Convención es única, diez años después de su creación, continúa siendo el único documento jurídicamente vinculante en esta materia, aun así, los mismos países que ratificaron este instrumento, así como diferentes países de otras regiones, continúan luchando para que desde la Organización de las Naciones Unidas se redacte un documento que sea de carácter internacional y no solamente interamericano.
A 10 años de la Convención no es posible asegurar que las condiciones de vida de las personas mayores hayan mejorado tras la existencia de este instrumento. Tampoco se puede identificar que los casos de violencia, exclusión y abandono hayan disminuido o cesado. Lo que sí es posible argumentar es que, contar con una normativa que impulse la acción del Estado de forma positiva y que consagre la protección de los derechos de este grupo poblacional es fundamental para caminar hacia medidas afirmativas que generen espacios para vivir y envejecer de forma digna.
Ante este hecho histórico, y frente a la posibilidad de contar con un documento internacional, AGECO subraya la importancia de que existan normativas que protejan a las personas mayores frente a situaciones de violencia y discriminación a razón de la edad e insta a la ciudadanía en general a informarse e involucrarse en temas de vejez siendo que todas las personas somos seres envejecientes.
